El drama de los desaparecidos

«Nos faltan 43», es una consigna de lucha y perseverancia que defienden  familiares y amigos del grupo de normalistas desaparecidos en Iguala, México, desde finales de septiembre del 2014.

El llamado «caso Ayotzinapa» ha ocupado titulares a nivel mundial, y son varias las hipótesis que circulan alrededor de los hechos: algunos investigadores afirman que los estudiantes fueron asesinados y luego incinerados, mientras que otros coinciden en que un grupo de policías se los llevó.

Un comunicado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que cita datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, reveló que en esa nación latinoamericana se registran más de 28 161 personas desaparecidas desde el 2006 hasta este año.

Los estados con más casos son Guerrero, Veracruz y Ta­maulipas. Un por ciento relevante del total lo conforman personas jóvenes.

A pesar de lo alarmante de esa cifra, no refleja el total, pues en ella quedaron excluidos aquellos casos que nunca fueron denunciados de manera formal ante las autoridades por temor o desconfianza.

VIOLENCIA, NARCOTRÁFICO Y DESAPARECIDOS

El informe citado marca el año 2006 como punto de partida pues fue en esa fecha que el entonces presidente Felipe Calderón lanzó una guerra contra el narcotráfico, que tras seis años de implementación dejó un saldo de al menos 60 000 muertos.

Esa fue una de las herencias que recibió Enrique Peña Nieto al asumir su mandato cuatro años atrás: una nación golpeada por la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

Dentro del continente americano, México posee las organizaciones criminales más grandes y violentas, llegando a convertirse en una amenaza regional debido al tráfico de drogas, armas, personas, así como el posterior lavado de ganancias por estas actividades ilícitas.

Entre estas bandas existen conflictos, que en ocasiones se tratan de disputas territoriales —en las que las autoridades se ven involucradas— y arrastran consigo al secuestro de personas sin vínculo alguno, solamente por estar en el momento o lugar equivocados.

El análisis de la CMDPDH apoya esta hipótesis cuando dice que «hoy, personas sin militancia social o política están siendo víctimas de desaparición forzada; las causas y razones no son claras, ninguna autoridad ha podido dar una explicación, más de allá de los discursos negacionistas o estigmatizantes de las víctimas».

El subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, reconoció que muchos de los casos de desapariciones «los cometen bandas criminales en colusión con policías locales».

Asimismo, cada cierto tiempo son encontradas en México fosas clandestinas, pero muchos de los cadáveres encontrados en ellas son imposibles de identificar pues aparecen incompletos, y con muestras de algún tipo de violencia.

Un reciente reporte de la Procuraduría General de la República reveló que desde agosto del 2006 hasta octubre del pasado año se han encontrado fosas en 16 de los 32 estados mexicanos, donde se han localizado 662 cuerpos en 201 lugares clandestinos.

A pesar de que al gobierno los ciudadanos les exige realizar más acciones, se han logrado algunos avances en el juzgamiento de asesinatos y desapariciones cometidas por fuerzas de la ley.

Peña Nieto presentó también, tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, diez medidas para «mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho». Entre ellas se encontraban leyes para controlar aquellas autoridades estatales vinculadas al crimen organizado, la creación de un número nacional de emergencias, así como acciones en materia de derechos humanos.

México tiene un largo camino por delante y lleno de retos, pues ya está comprobado que se necesita mayor unidad en el combate al narcotráfico que tanto afecta a la nación, y una estrategia más activa para terminar con el drama de tantos desaparecidos.

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